Nicol
Castillo

Es una revisión de contratos, reglamentos, políticas internas, esquemas de pago y expedientes de personal para detectar riesgos antes de que se conviertan en demandas. Conviene hacerla cuando la plantilla crece, antes de una reestructura o una venta, cuando se heredan prácticas de una administración anterior, o sencillamente si nunca se ha hecho.

Como mínimo: contratos individuales firmados y vigentes, reglamento interior de trabajo, constancias de capacitación, controles de asistencia y jornada, recibos de nómina timbrados, expedientes de personal completos y los registros de seguridad social. En una auditoría lo que más problemas genera no suele ser que falte un documento, sino que el papel diga una cosa y la operación sea otra.

Que si en los hechos existe subordinación —horario, supervisión, herramientas, exclusividad— la relación puede considerarse laboral sin importar cómo se haya llamado el contrato. Eso arrastra consecuencias laborales, de seguridad social y fiscales a la vez, y casi siempre sale a la luz cuando la persona se va. Además, las reglas para subcontratar cambiaron de forma importante en los últimos años, así que los esquemas armados antes conviene revisarlos.

El bajo desempeño por sí solo no suele bastar como causa justificada: la ley enumera causas concretas y exige documentación y plazos. En la práctica estos casos se resuelven mejor por acuerdo, bien calculado y bien documentado, que intentando sostener una causa que no se puede probar. Lo importante es decidirlo antes de actuar, no después.

Documentando antes, no después. La mayoría de los juicios no se complican por lo que ocurrió el último día, sino por lo que nunca se registró: incidencias sin constancia, pagos fuera de nómina, contratos que no reflejan la realidad. Una terminación bien preparada define la causa, reúne el soporte y calcula lo que corresponde antes de sentarse a negociar.

Lo primero es revisar los plazos: en materia laboral son cortos y dejarlos pasar puede dar por perdido lo que sí era defendible. Después, reunir el expediente completo de esa persona antes de contestar nada: contrato, recibos, incidencias, comunicaciones. Con eso sobre la mesa se puede valorar con números si conviene negociar o litigar, que es una decisión de costo y no de orgullo.

Ambas. Para empresas que necesitan consultar con frecuencia —contrataciones, terminaciones, dudas del día a día— una iguala mensual suele salir mejor y evita que se dejen de preguntar cosas por no generar un costo. Para un asunto puntual o un juicio se cotiza por caso. Lo definimos en la primera conversación y queda por escrito.

Por regla general la ley da un plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la separación, para demandar por despido injustificado. Es un plazo corto y hay supuestos que lo modifican. Conviene revisar tu caso cuanto antes: dejar pasar el tiempo puede cerrar la vía aunque tengas la razón.

Depende de tu antigüedad, de tu salario real y de si decides pedir la reinstalación o la indemnización. En términos generales entran la indemnización que marca la ley, la prima de antigüedad, los salarios caídos y las partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. La cifra cambia mucho de un caso a otro, sobre todo cuando parte del salario no estaba registrado, así que solo puede estimarse viendo tus documentos.

No. El finiquito es lo que te corresponde por el tiempo trabajado y se paga en cualquier separación, incluida la renuncia: partes proporcionales de aguinaldo, vacaciones y prima vacacional. La liquidación aparece cuando la separación no fue tu decisión o no estuvo justificada, e incluye además las indemnizaciones de ley. Que la empresa lo llame «liquidación» no significa que esté pagando lo que debe.

No tienes obligación de firmar en ese momento. Puedes pedir copia de lo que te presentan, tomarte el tiempo de leerlo y consultarlo antes de decidir. Firmar bajo presión un documento que no refleja lo acordado complica reclamar después, aunque no siempre lo impide: si ya firmaste, todavía vale la pena revisar el caso.

Sí. Además del ámbito laboral acompaño a personas que sufrieron un daño por una atención médica deficiente, tanto en instituciones públicas como privadas. Son casos que se construyen con el expediente clínico y con peritajes, y en los que el tiempo también corre, así que conviene una valoración temprana.

La primera conversación es por WhatsApp: me cuentas qué pasó y te digo con franqueza si veo un caso viable y qué implicaría. Atiendo Ciudad de México y otras entidades de la República.